CCOO afirma que han de ser los Servicios Públicos de Empleo y no las Mutuas los que gestionen la prestación a los trabajadores autónomos

CCOO defiende que los beneficiarios/as de esta prestación deben estar inscritos en las Oficinas Públicas de Empleo

El secretario de Economía Social y Autoempleo de CCOO, Jordi Ribó, ha hecho públicas unas declaraciones en las que se muestra partidario de que sean los Servicios Públicos de Empleo y no las Mutuas las que gestionen la prestación por cese de actividad que deben recibir los trabajadores autónomos sin asalariados a su cargo.

Jordi Ribó ha querido con estas declaraciones precisar la posición de CCOO a propósito de los criterios difundidos por el Gobierno para la prestación por cese involuntario de actividad a los trabajadores autónomos, "aquellos sin trabajadores a su cargo, siempre que hayan cotizado para la prestación que se pretende instaurar". Ribó excluye de estas prestación a los autónomos que formen parte de Consejos de administración con retribución, titulares de empresas, accionistas y/o rentistas, con la excepción de cooperativistas cotizantes al RETA.

En opinión de CCOO, esta prestación tiene que nacer de las cotizaciones que los colectivos de autónomos realizan, debe ser contributiva y en las mismas condiciones que las prestaciones por desempleo de los trabajadores asalariados, en cuanto a duración, proporcionalidad...Y lo que es más importante, la gestión de dicha prestación debe correr a cargo de los Servicios Públicos de Empleo, en colaboración con las comunidades autónomas, y no a través de las mutuas.

El secretario de Economía Social y Autoempleo de CCOO defiende que los beneficiarios de la prestación  estén inscritos en las Oficinas Públicas de Empleo, y puedan acceder a políticas activas de empleo, tanto en su aplicación como en su gestión, para mejorar su capacitación y reciclaje profesional.

Finalmente, Jordi Ribó apuesta por ejecutar esta prestación con cargo al fondo de cotizaciones de procedencia, básicamente, de los trabajadores autónomos, y el acceso y la regulación de la misma deben hacerse sin vulnerar la norma ya existente.